Carta abierta a los Legisladores Nacionales por el Proyecto del Nuevo R\u00e9gimen Penal Juvenil<\/strong><\/p>\n\n\n\n Bajar la edad no baja el delito. Un consenso amplio que no est\u00e1 siendo escuchado<\/strong><\/p>\n\n\n\n El motivo de esta carta es hacerles llegar nuestra reflexi\u00f3n en continuidad a lo planteado en el documento \u201cM\u00e1s oportunidades que penas\u201d, publicado por la Comisi\u00f3n Episcopal de Pastoral Social el 25 de marzo de 2025 (1) , teniendo presente a su vez el resultado de la votaci\u00f3n del dictamen sobre la Ley de la edad de Imputabilidad.<\/p>\n\n\n\n Hacemos nuestro aporte con esp\u00edritu constructivo, a partir de la experiencia de campo de referentes y profesionales territoriales que, como Iglesia, desarrollamos en el trabajo cotidiano con adolescentes y j\u00f3venes: en parroquias, escuelas primarias y secundarias, centros barriales, Hogares de Cristo, clubes parroquiales, grupos y movimientos infantiles, juveniles y comunitarios, as\u00ed como en el v\u00ednculo permanente con las familias y los adultos que participan de estos espacios.<\/p>\n\n\n\n Nos sumamos al conjunto de voces de instituciones y organizaciones de reconocido prestigio que, desde enfoques sociol\u00f3gicos, jur\u00eddicos y de la salud, contribuyen de manera rigurosa a esta reflexi\u00f3n. Algunas de ellas son: UNICEF, Sociedad Argentina de Pediatr\u00eda (SAP), Asociaci\u00f3n de Psiquiatras Argentinos (APSA), Federaci\u00f3n de Psic\u00f3logos de la Rep\u00fablica Argentina (FePRA), Asociaci\u00f3n de Defensores del Pueblo de la Rep\u00fablica Argentina (ADEPRA), La Asociaci\u00f3n Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Ni\u00f1ez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), El Cap\u00edtulo Argentina del Comit\u00e9 Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), Defensor\u00eda General de la Naci\u00f3n, Defensa de Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes Internacional (DNI), Mesa de Articulaci\u00f3n de Ni\u00f1ez y Adolescencia A decir verdad, tanto nosotros como muchas de las instituciones mencionadas hemos sido \u201cescuchados\u201d; sin embargo, no vemos reflejados nuestros aportes \u2014ni los de dichas instituciones\u2014 en el contenido del proyecto de ley.<\/p>\n\n\n\n Del mismo modo, hemos acompa\u00f1ado a numerosas personas v\u00edctimas de delitos, especialmente en los barrios populares. Muchas veces tambi\u00e9n nosotros hemos padecido estas situaciones. Por eso creemos que es urgente actuar: para reparar tanto dolor, para prevenir nuevas violencias, disminuir el nivel de conflicto social, pacificar nuestros barrios, y acompa\u00f1ar a tantas v\u00edctimas que, con frecuencia, quedan solas y sin a qui\u00e9n recurrir.<\/p>\n\n\n\n Como la mayor\u00eda de los argentinos, estamos convencidos de que es necesario avanzar en una reforma del R\u00e9gimen Penal Juvenil. Reconocemos que existe un vac\u00edo legal que perjudica a muchos ni\u00f1os y adolescentes. En particular por la falta de adecuaci\u00f3n de nuestra normativa a los compromisos internacionales asumidos, la necesidad de prever disposiciones que no sean regresivas y la ausencia de dar respuestas eficaces al problema social que se presenta.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, preocupa especialmente que este debate se est\u00e9 dando en un clima pol\u00edtico en el que predomina el uso del dolor social con fines de impacto medi\u00e1tico. Esto impide una deliberaci\u00f3n seria sobre los problemas estructurales que afectan a los ni\u00f1os y adolescentes, especialmente en los sectores m\u00e1s vulnerables.<\/p>\n\n\n\n El delito existe, y no es una opci\u00f3n no hacer nada. Pero creemos que es un error abordarlo desde propuestas simplificadoras que s\u00f3lo sirven para validar posiciones pol\u00edticas ya tomadas. En lugar de promover un debate abierto, plural y democr\u00e1tico que permita construir una reforma sostenible y justa del r\u00e9gimen penal juvenil, observamos con preocupaci\u00f3n el intento de imponer una respuesta apresurada, sin sustento t\u00e9cnico, sin di\u00e1logo genuino y sin condiciones institucionales reales para su implementaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Es por ello que esta carta no se dirige \u00fanicamente al Congreso: busca tambi\u00e9n interpelar a la sociedad en su conjunto. Porque lo que est\u00e1 en juego no es solo una ley, sino la concepci\u00f3n misma de persona y el modelo de sociedad que queremos construir. <\/p>\n\n\n\n Una reforma sin condiciones de posibilidad<\/strong> <\/p>\n\n\n\n Coincidimos en la necesidad de dar respuesta a las m\u00faltiples situaciones de abandono y desprotecci\u00f3n que viven muchos ni\u00f1os, ni\u00f1as y j\u00f3venes. Pero debemos preguntarnos con honestidad: Al mismo tiempo, \u00bfes factible que el Estado pueda garantizar los recursos y la inversi\u00f3n que exige lo que se anuncia en el proyecto de ley? La realidad demuestra una creciente desfinanciaci\u00f3n en materia social, cuyos efectos recaen especialmente sobre los sectores m\u00e1s desfavorecidos, justamente aquellos a los que se pretende ahora castigar con mayor severidad.<\/p>\n\n\n\n Creemos en la necesidad de dar una propuesta integral: desde su visi\u00f3n fundante hasta su implementaci\u00f3n concreta. Pero dicha propuesta debe surgir del compromiso con la realidad y la responsabilidad p\u00fablica, no del oportunismo electoral ni de la manipulaci\u00f3n del leg\u00edtimo malestar social.<\/p>\n\n\n\n Cuando el oportunismo reemplaza al realismo<\/strong> 1) El reconocimiento de la condici\u00f3n de sujeto en desarrollo implica que los NNA tienen una capacidad progresiva para ejercer derechos y asumir responsabilidades, lo cual debe ser respetado por el sistema jur\u00eddico (art. 5 y 10 de la Ley 26.061). El cerebro adolescente a\u00fan est\u00e1 en desarrollo, especialmente en \u00e1reas relacionadas con el control de impulsos, la toma de decisiones y la evaluaci\u00f3n de riesgos. Esta inmadurez neurobiol\u00f3gica sugiere que los adolescentes no poseen la misma capacidad que los adultos para comprender plenamente las consecuencias de sus acciones, lo que cuestiona la idoneidad de reducir la edad de imputabilidad penal. Escuchamos decir \u201cdelito de adulto, pena de adulto\u201d. La evidencia cient\u00edfica y organizaciones que trabajan por los derechos de los NNA cuestionan contundentemente esta afirmaci\u00f3n (3).<\/p>\n\n\n\n 2) Teniendo en cuenta lo anterior, sugerimos que, cuando un ni\u00f1o o adolescente menor de 16 a\u00f1os atraviesa situaciones de conflicto social y vulnerabilidad, el abordaje debe estar en manos de los Juzgados de Familia, y de todo el Sistema de Protecci\u00f3n y Promoci\u00f3n de Derechos y no del sistema penal. Son estos juzgados los que pueden ordenar medidas socioeducativas orientadas a la reflexi\u00f3n, correcci\u00f3n de conductas y restituci\u00f3n de derechos, en complemento con las organizaciones comunitarias que pueden acompa\u00f1ar de manera subjetiva y amorosa el proceso de cada adolescente. La intervenci\u00f3n penal debe ser la \u00faltima respuesta para promover la protecci\u00f3n integral de la ni\u00f1ez. 3) Este proyecto de ley presenta serios cuestionamientos de constitucionalidad, ya que contradice principios de la Constituci\u00f3n Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos con jerarqu\u00eda constitucional (art. 75 inc. 22) y la doctrina consolidada sobre los derechos de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes (NNA). La reducci\u00f3n de la edad de imputabilidad constituye un retroceso en materia de derechos humanos y, por lo tanto, una medida regresiva e inconstitucional, en tensi\u00f3n directa con la Ley 26.061, que establece que la 4) En cuanto a la eficacia de la medida que se propone, la evidencia regional muestra que reducir la edad de imputabilidad aumenta los niveles de violencia y reincidencia, y no disminuye la inseguridad. Si tenemos en cuenta la tasa de homicidios de la regi\u00f3n (tasas de homicidio cada 100.000 habitantes), podemos constatar un dato contundente: los pa\u00edses con una edad m\u00ednima de 12 a\u00f1os, presentan las tasas de homicidio m\u00e1s elevadas: Ecuador (45,1), Honduras (31,1), Brasil (23,1). En contraste, Argentina, con una edad m\u00ednima de 16 a\u00f1os, registra una tasa del 3,8. Nuestro pa\u00eds, con la edad imputabilidad m\u00e1s elevada, es uno de los menos violentos de la regi\u00f3n (4). Entonces, el ingreso temprano al sistema penal no solo no resuelve el problema, sino que profundiza el da\u00f1o y expone a los menores a nuevas formas de violencia. Adem\u00e1s, el sistema penal carece de herramientas adecuadas para promover procesos de sanaci\u00f3n, contenci\u00f3n y futuro para esta poblaci\u00f3n. Por tanto, reducir la edad de imputabilidad no ha demostrado ser una pol\u00edtica exitosa en t\u00e9rminos de 5) El proyecto de ley que propone bajar la edad de punibilidad no se corresponde con un aumento de los delitos juveniles. Los datos disponibles muestran que la participaci\u00f3n de adolescentes de entre 12 y 17 a\u00f1os en procesos penales es muy baja: apenas el 0,42 %. Adem\u00e1s, la mayor\u00eda de los delitos cometidos por este grupo etario \u2014alrededor del 80 %\u2014 son contra la propiedad, principalmente robos, mientras que los delitos graves, como los homicidios, resultan excepcionales6.<\/p>\n\n\n\n 6) Reiteramos que la respuesta al delito cometido por ni\u00f1os y adolescentes debe ser, ante todo, preventiva y orientada a garantizar condiciones de vida y desarrollo dignas y saludables. Esto implica, entre otras cosas, fortalecer el rol del Estado nacional y provincial en las pol\u00edticas de Ni\u00f1ez, Adolescencia y Familia, en articulaci\u00f3n con organizaciones comunitarias de fuerte presencia territorial y v\u00ednculos s\u00f3lidos. Supone tambi\u00e9n contar con dispositivos espec\u00edficos de salud mental y de atenci\u00f3n de consumos problem\u00e1ticos para 7) En cuanto a la visi\u00f3n que da sentido y orienta la acci\u00f3n, en un mundo atravesado por el avance de la cultura del descarte, sostenemos que los adolescentes y j\u00f3venes no son una amenaza, sino presente y esperanza; protagonistas indispensables de una transformaci\u00f3n profunda. Por ello, nos duele hondamente constatar una tendencia creciente a perseguir y hostigar a quienes son m\u00e1s fr\u00e1giles y vulnerables. En este sentido, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal instala en el imaginario colectivo la idea de que ni\u00f1os y Concluyendo<\/strong> \u25cf La baja de la edad de imputabilidad no resuelve el problema: lo desplaza, lo endurece y lo profundiza. La realidad nos coloca ante una disyuntiva decisiva: o profundizamos la cultura del descarte, o asumimos el desaf\u00edo de construir un entramado social que cuide, incluya y repare. Un entramado que act\u00fae sobre las causas estructurales de la violencia desde los v\u00ednculos m\u00e1s cotidianos: en los barrios, en las escuelas, en las plazas, en cada rinc\u00f3n donde se juega la vida y el futuro de nuestros hijos.<\/p>\n\n\n\n Notas:<\/p>\n\n\n\n 1 Disponible en https:\/\/episcopado.org\/ver\/4494<\/p>\n\n\n\n 2 Declaraciones disponibles en 3 Se puede consultar el Posicionamiento de UNICEF sobre Justicia Penal Juvenil (Argentina) disponible en 4 Consultar los datos que presenta UNICEF en https:\/\/www.unicef.org\/argentina\/media\/22746\/file 6 Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley penal en relaci\u00f3n a la poblaci\u00f3n total de adolescentes: 7 Disponible en https:\/\/www.vatican.va\/content\/francesco\/es\/speeches\/2014\/october\/documents\/papafrancesco_ <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
M\u00e1s educaci\u00f3n, m\u00e1s oportunidades, m\u00e1s esperanza.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Argentina (2).<\/p>\n\n\n\n
En las condiciones actuales, \u00bfes razonable creer que el Estado, provincial o nacional, podr\u00e1 implementar un sistema penal juvenil que brinde tratamiento psicol\u00f3gico, continuidad educativa, capacitaci\u00f3n laboral, acceso a salud, cultura, recreaci\u00f3n, espiritualidad y abordaje integral de consumos problem\u00e1ticos? \u00bfEstar\u00e1n estos j\u00f3venes acompa\u00f1ados por personal especializado, y alojados en instituciones adecuadas, que garanticen condiciones de vida dignas y posibilidades reales de reinserci\u00f3n? \u00bfEstamos preparados para ello o se debe prever un tiempo prudencial para la entrada en vigencia de cualquier ley que modifique el r\u00e9gimen vigente?<\/em>
<\/p>\n\n\n\n
Queremos volver a poner sobre la mesa algunos aspectos del proyecto de ley que, a nuestro entender, deben ser reconsiderados en el debate sobre el R\u00e9gimen Penal Juvenil. Lamentablemente, constatamos que el oportunismo pol\u00edtico prescinde incluso de los datos emp\u00edricos disponibles y, a partir de hechos particulares, instala un discurso de soluciones aparentes e ilusorias. Por ello, buscamos aportar elementos que ampl\u00eden y profundicen el debate p\u00fablico y una reflexi\u00f3n verdaderamente responsable.<\/p>\n\n\n\n
El trabajo con ni\u00f1os y adolescentes no punibles \u2014aquellos menores de 16 a\u00f1os\u2014 es clave para prevenir delitos penales futuros. Esto exige no s\u00f3lo el compromiso de los Juzgados de Familia, sino tambi\u00e9n una revisi\u00f3n de la Ley de Salud Mental N.\u00ba 26.657, especialmente en lo referido al criterio de \u201criesgo inminente\u201d para internaciones involuntarias. La dolorosa realidad nos muestra que el inicio del consumo de sustancias se da en muchos casos a los 9 o 10 a\u00f1os. Es urgente destinar recursos espec\u00edficos a pol\u00edticas p\u00fablicas en salud mental y
adicciones, con dispositivos de atenci\u00f3n accesibles, insertos en territorio y adaptados a la infancia y adolescencia, y detener el desfinanciamiento en materia de Pol\u00edticas P\u00fablicas de Salud y despidos de trabajadores dedicados a acompa\u00f1ar y contener personas atravesadas por consumo problem\u00e1tico y salud mental. Para los adolescentes mayores de 16 a\u00f1os que cometan delitos graves, proponemos la aplicaci\u00f3n de Justicia Restaurativa. Esta v\u00eda, ya implementada con \u00e9xito en diversas regiones del pa\u00eds y del mundo, ha demostrado reducir la reincidencia a niveles cercanos al 0%. Involucra a jueces penales, v\u00edctimas, victimarios y organizaciones comunitarias, en un proceso reparador y verdaderamente transformador.<\/p>\n\n\n\n
responsabilidad por el cuidado y la protecci\u00f3n de los NNA recae en las personas adultas y en el Estado.
El proyecto vulnera est\u00e1ndares internacionales al habilitar la intervenci\u00f3n penal y la privaci\u00f3n de libertad de NNA que no han alcanzado la edad de responsabilidad penal, trat\u00e1ndolos como punibles, sin garantizar un debido proceso adecuado, bajo supuestos criterios educativos o curativos, e incluso permitiendo internaciones de car\u00e1cter indefinido.
Asimismo, introduce un alto grado de arbitrariedad al combinar criterios de salud mental con pron\u00f3sticos criminol\u00f3gicos que no cuentan con sustento cient\u00edfico. Tampoco garantiza un sistema de justicia penal juvenil verdaderamente especializado: habilita la aplicaci\u00f3n de reglas del derecho penal adulto, no asegura defensa t\u00e9cnica especializada y permite el alojamiento en c\u00e1rceles o dependencias de fuerzas de seguridad. A ello se suma la previsi\u00f3n de penas desproporcionadas para adolescentes, sin una diferenciaci\u00f3n razonable respecto de los adultos ni entre delitos leves y graves, ni entre adolescentes de distintas edades, en abierta contradicci\u00f3n con los principios de proporcionalidad, excepcionalidad y progresividad.
Finalmente, las disposiciones procesales resultan imprecisas y no se corresponden con los avances en materia de garant\u00edas procesales alcanzados en los \u00e1mbitos federal y provincial, incluso en comparaci\u00f3n con los reg\u00edmenes vigentes para personas adultas.<\/p>\n\n\n\n
seguridad (5). Considerar a las v\u00edctimas requiere reducir y erradicar los niveles de reincidencia que el
encarcelamiento temprano genera. En esta l\u00ednea, habr\u00eda que pensar en un eximente de responsabilidad por extrema \u201cvulnerabilidad socioecon\u00f3mica\u201d, que opere al menos una vez, ya que el Estado no puede eludir su responsabilidad y acondicionar todos los dispositivos exigibles en favor de la plena reinserci\u00f3n de NNA. Ello refuerza la necesidad de fijar un plazo para implementar cualquier reforma.<\/p>\n\n\n\n
adolescentes, hoy pr\u00e1cticamente inexistentes en gran parte del pa\u00eds. Cuando estas oportunidades faltan, ni\u00f1os y adolescentes quedan expuestos al narcotr\u00e1fico y a un sistema que termina penalizando a las v\u00edctimas y castigando a los eslabones m\u00e1s d\u00e9biles. El camino verdaderamente eficaz es el del acompa\u00f1amiento a las familias, la construcci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas centradas en el desarrollo humano integral y la garant\u00eda de una vida digna para todos.<\/p>\n\n\n\n
adolescentes son peligrosos.
Sin embargo, los verdaderos peligros que asedian nuestros barrios \u2014el narcotr\u00e1fico, el tr\u00e1fico de armas, la pobreza estructural y la falta de alimentaci\u00f3n, vivienda y trabajo digno\u2014 contin\u00faan actuando con altos niveles de impunidad. El crimen organizado del narcotr\u00e1fico, que atraviesa distintas instituciones y estratos de la sociedad, encuentra en los barrios populares un terreno propicio para captar a los m\u00e1s peque\u00f1os. Frente a esta realidad, la \u00fanica respuesta verdaderamente eficaz es la creaci\u00f3n de oportunidades reales, comunitarias
y sostenidas, capaces de generar sue\u00f1os, esperanza y un sentido de vida.
Es oportuno recordar las declaraciones del Papa Francisco al respecto: \u201cLos Estados deben abstenerse de castigar penalmente a los ni\u00f1os que a\u00fan no han completado su desarrollo hacia la madurez, y por tal motivo no pueden ser imputables. Ellos, en cambio, deben ser los destinatarios de todos los privilegios que el Estado puede ofrecer, tanto en lo que se refiere a pol\u00edticas de inclusi\u00f3n como a pr\u00e1cticas orientadas a hacer crecer en ellos el respeto por la vida y por los derechos de los dem\u00e1s\u201d (7).<\/p>\n\n\n\n
En este escenario, urge abandonar el falso dilema entre \u201chacer algo\u201d o \u201cno hacer nada\u201d. Lo que se impone es hacer lo correcto. Frente al intento de avanzar de manera apresurada con un proyecto que prioriza el golpe de efecto por sobre la construcci\u00f3n de consensos, sostenemos que:<\/p>\n\n\n\n
\u25cf Las condiciones materiales, institucionales y sociales para un r\u00e9gimen penal juvenil serio no est\u00e1n garantizadas.
\u25cf Se necesita un enfoque integral, con propuestas diferenciadas para la prevenci\u00f3n, la intervenci\u00f3n y la reinserci\u00f3n.
\u25cf Resulta imprescindible superar la falsa dicotom\u00eda entre castigar o mirar para otro lado y centrar los esfuerzos en transformar las condiciones estructurales que generan violencia.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/radioferroviaria.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/episcopal-2.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\n
https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1t2cHZoS2Dpc5mNknu1im9XL5s2BLCAVm\/view?usp=drive_link <\/p>\n\n\n\n
https:\/\/www.unicef.org\/argentina\/media\/22711\/file\/2024_Posicionamiento%20penal%20juvenil.pdf.pdf, Art\u00edculos
acad\u00e9micos como el del Dr. Luis Alberto Valente, “Adolescencia y madurez suficiente: repercusiones jur\u00eddicas desde las neurociencias”, disponible en: https:\/\/revistas.unlp.edu.ar\/RevistaAnalesJursoc\/article\/view\/16633; o la exposici\u00f3n del Dr. Manes en el plenario de Comisiones el 24 de agosto de 2024, disponible en
https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=a1Tn5cpJhWk&t=1755s <\/p>\n\n\n\n
5 Al respecto, es contundente el estudio de investigaci\u00f3n titulada \u201cReducir la edad de imputabilidad: Reflexiones desde la evidencia internacional\u201d, elaborado por Banfi y Tommasi (2025) del Centro de Estudios para el Desarrollo Humano de la Universidad de la Universidad de San Andr\u00e9s,, en el que se concluye: \u201c La revisi\u00f3n de la literatura especializada evidencia que los enfoques centrados exclusivamente en el castigo y, en particular, las pol\u00edticas que proponen reducir la edad m\u00ednima de responsabilidad penal, no solo no resuelven los problemas de inseguridad, sino que tienden a agravarlos.
Diversos estudios comparados muestran que la reducci\u00f3n de la edad de imputabilidad genera un aumento de las tasas de reincidencia, una disminuci\u00f3n en la reintegraci\u00f3n educativa y laboral de los j\u00f3venes, y una reproducci\u00f3n de desigualdades sociales que afectan de manera desproporcionada a los sectores m\u00e1s vulnerables. Adem\u00e1s, en t\u00e9rminos fiscales, el encarcelamiento temprano impone altos costos al sistema penal sin generar beneficios sostenibles para la sociedad\u201d, disponible en https:\/\/udesa.edu.ar\/publicaciones-cedh<\/p>\n\n\n\n
https:\/\/www.unicef.org\/argentina\/media\/22756\/file<\/p>\n\n\n\n
20141023_associazione-internazionale-diritto-penale.html<\/p>\n\n\n\n